Fenómenos naturales y medidas preventivas

MANUEL DIAZ APONTEManuel Díaz Aponte

La adopción de políticas efectivas encaminadas a preservar vidas humanas y propiedades ante la ocurrencia de los fenómenos naturales sigue siendo una aspiración no tan solo en República Dominicana sino igualmente en la mayoría de los países subdesarrollados, donde salvo escasas excepciones no se han adoptados las más elementales acciones preventivas.

Pocos países latinoamericanos están preparados para afrontar un huracán o un sismo de gran dimensión que obligue la evacuación masiva de sus pobladores. Y se ha apelado, de manera continua, al uso de las escuelas, iglesias o centros comunales para albergar a las personas afectadas.

Es decir, los gobiernos no se han interesado por levantar infraestructuras adecuadas y específicamente orientadas a convertirse en refugio, donde se brinde una real protección a los afectados.

Documentos técnicos del Banco Mundial y de las Naciones Unidas precisan que las adopciones preventivas de bajo costo  reducen efectos de los desastres naturales, que entre 1970 y 2008, causaron 3,3 millones de muertes.

Reducir la vulnerabilidad es crucial para estos esfuerzos, en una región que ha visto cómo la proporción de desastres naturales ha aumentado a través de los años, en parte debido a cambios en los patrones climáticos.

La exposición de la población latinoamericana a ciclones y terremotos se duplicará para 2050, de 680 millones de personas este año a 1500 millones, de acuerdo a informaciones recopiladas.

Si bien Latinoamérica ha venido preocupándose por impulsar acciones de protección hacia los más vulnerables, todavía queda mucho por hacer, incluso el Índice de Gestión de Riesgo (IGR), impulsado por organismos de las Naciones Unidas, coloca a Chile y Costa Rica entre los dos países de la región más preocupado en la adopción de medidas preventivas aunque sin llegar a la escala del sesenta por ciento de efectividad en materia de riesgo.

República Dominicana y Ecuador están al fondo de la tabla, mientras que Jamaica, Colombia, Perú, México, Guatemala, Argentina y El Salvador están agrupados entre medio.

Las autoridades dominicanas tienen que seguir avanzando en cómo reducir los riesgos entre los núcleos más vulnerables, especialmente aquellos que viven en las cercanías de cañadas, ríos y arroyos.  En realidad, hemos logrado incorporar una estructura operacional desde el Estado de asistencia y orientación a la ciudadanía cuyo trabajo ha sido muy positivo.

La Comisión de Operaciones de Emergencias (COE) integrada por diversas instituciones gubernamentales coordina y ejecuta las orientaciones preventivas, dispositivos, evacuaciones y acciones encaminadas a proteger a la población.

Sin embargo, hay una realidad social que ni los directivos y miembros de esa unidad están en capacidad de atender, y  solo una voluntad política desde el Gobierno podría dar respuesta positiva.

Lamentablemente en el país solo nos recordamos de aplicar y darle seguimiento a las normas preventivas cuando ocurre un evento natural o cuando es inminente que afecte nuestro territorio.

Los sectores públicos y privados están en el deber de diseñar y materializar estrategias orientadas a proteger y preservar vidas humanas y bienes materiales, como serian edificación de viviendas antisísmica, refugios adecuados y un fondo económico especializado para esos fines.

Expertos de la geología han advertido que el Estado dominicano carece de una política para afrontar las consecuencias de un huracán o sismo de gran magnitud, pese a la falla tectónica que presenta una zona importante de nuestro espacio terrestre.

Miles de familias a nivel nacional “viven” entre el peligro exponiendo sus vidas ante la ocurrencia de un huracán, terremoto, deslizamiento de tierra, inundaciones o un simple aguacero. Cada año se repite la misma historia con la evacuación de personas expuestas a perder no tan solo sus limitadas pertenencias materiales sino hasta la existencia humana.

Los cordones de miseria creados a partir de la masiva emigración del campo a la ciudad, iniciado a mediado de la década del sesenta en todo el país han contribuido a crear un panorama de pauperización en el área urbana.

El clientelismo político, irresponsabilidad, falta de planificación urbana, ineficiencia de los organismos gubernamentales, la ausencia de una verdadera reforma agraria y la insensibilidad oficial alimentaron ese penoso cuadro que hoy representa una vergüenza nacional.

El sistema democrático dominicano como en casi todos los países de América Latina no ha dado respuesta a la inequidad social y desamparo de millares de hombres, mujeres y niños que aún sueñan con alcanzar un mejor porvenir.

La corrupción, exclusión y la falta de voluntad política desde las estructuras del poder son ingredientes que contribuyen a forjar un ambiente de miseria colectiva entre amplios niveles poblacionales.

“La falda de la miseria” es levantada ante un ventarrón que sacuda el territorio nacional, como el caso reciente de la tormenta Chantal, pero también sucede lo mismo en cualquier país de nuestra América Morena.

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